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| El director de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, con representantes de las empresas del transporte de viajeros tras la presentación de las subvenciones regionales para la financiación de las líneas de autobús de débil tráfico correspondientes al ejercicio 2019. |
La Comunidad destina cerca de 558.000 euros a subvencionar las denominadas líneas de débil tráfico en 2019, lo que favorecerá a una media anual de 247.000 pasajeros
Los vecinos de 16 municipios se beneficiarán este año de las subvenciones regionales que mantienen líneas de autobús no rentables por su escasa ocupación pero que garantizan el transporte público en autobús en los núcleos de menor población de la Región de Murcia. Una media anual de 247.900 pasajeros usarán las denominadas líneas de autobús de débil tráfico durante este año.
La Comunidad destina un total de 557.900 euros para asegurar el mantenimiento del servicio de autobuses en determinados núcleos de población de Abarán, Águilas, Aledo, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Cieza, Lorca, Fortuna, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Murcia, Totana y San Pedro del Pinatar.
El director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, mantuvo esta semana un encuentro con las empresas concesionarias de las 15 líneas subvencionadas y anunció que, este año, el Ejecutivo regional ha decidido aumentar la aportación en 257.000 euros “proporcionando cohesión territorial para garantizar el acceso igualitario de todos los ciudadanos a servicios esenciales como el transporte, que es una función social de primer orden”.
“El Gobierno regional también fomenta el transporte público en municipios con menos habitantes y comarcas con una estructura territorial y económica de características rurales, en las que hay más dificultades para mantener la viabilidad económica”, destacó el director general.
La subvención tiene como finalidad colaborar en el mantenimiento de las líneas de débil tráfico, que prestan un servicio inferior a los 100.000 euros al año, lo que no garantiza su rentabilidad económica, si bien es necesaria para que los vecinos tengan acceso a la localidad y a servicios públicos esenciales como los sanitarios, educativos, laborales o de ocio.
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