La Policía Nacional recupera cientos de documentos del archivo de Juan de la Cierva y Peñafiel desaparecidos desde 1998

Patrimonio documental protegido por leyes estatales y autonómicas  



Con la colaboración de miembros del Archivo Regional de la Consejería de Turismo y Cultura, se ha recuperado un extenso archivo compuesto por 938 legajos, 19 archivadores, 150 carpetas y 157 libros

El nieto de Juan de la Cierva trasladó el archivo a un lugar desconocido en 1998 tras la subasta de la finca en la que se encontraba, situada en la pedanía de Santo Ángel, donde se había ubicado desde 1956

La Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía de Medioambiente y Protección de Patrimonio Histórico y el Juzgado de Instrucción número ocho de Murcia, procedió a la entrada y registro en un local y una nave situados en Murcia capital y en el polígono industrial de Cabezo Cortao

 Agentes de la Policía Nacional han recuperado en Murcia cientos de archivos del fondo documental de Juan de la Cierva y Peñafiel, ministro de Gobernación, Guerra, Hacienda y Fomento durante el reinado de Alfonso XIII. Los archivos, de gran valor histórico, se encontraban desaparecidos desde el año 1998. Dicho fondo documental, compuesto de 938 legajos, 117 cajones, 19 archivadores, 150 carpetas y 157  libros contables, fue trasladado en 1956 de Madrid a Murcia, concretamente a la finca de Torrecierva, situada en la pedanía murciana de Santo Ángel.

Con toda esta documentación, se creó en 1982 la Fundación Juan de la Cierva, la cual recibió subvenciones económicas del Ministerio de Cultura con el fin de ordenar, catalogar e inventariar todo el archivo documental acumulado por este ministro. La mayor parte del fondo documental era de origen público, mientras que otra parte era de un origen privado. Toda ella estaba sujeta a la protección de la Administración. La parte pública correspondía a la labor de este señor como ministro y la privada estaba integrada por documentos con una antigüedad superior a los cien años, formando parte del patrimonio documental.

Traslado del archivo a lugar desconocido

En el año 1998, como consecuencia de un procedimiento ejecutivo instruido por uno de los juzgados de Murcia, se produjo la expulsión de los ocupantes de la finca en la que se encontraban los documentos y la entrega de su posesión a la mercantil que la adquirió por un procedimiento de subasta. El secretario de la fundación, nieto de Juan de la Cierva, trasladó el archivo a un lugar desconocido sin que, hasta la fecha, se hubiera tenido conocimiento de su destino a pesar de las diversas indagaciones realizadas por la Consejería de Cultura de la Región de Murcia. Tampoco existe constancia alguna de que esté al día de las comunicaciones obligadas sobre la actividad de la fundación.

La Policía Nacional inició una investigación teniendo como referencia la localización del archivo, en el año 2013, en un almacén situado también en la pedanía de Santo Ángel. En ese año, el secretario de la fundación negoció la cesión de este fondo documental por la cantidad de 84.000 euros a la Universidad de Murcia. Posteriormente, también intentó realizar esta operación con el Archivo General de la Región de Murcia.

Técnicos de esta universidad se trasladaron a realizar una visita de inspección sobre este extenso archivo y pudieron constatar la precaria situación en la que se encontraba y las deficientes medidas de seguridad y conservación que reunía el local donde se encontraba almacenado. La propia Universidad indicó la imposibilidad de adquirirlo ya que su interlocutor, el secretario de la fundación, no estaba legitimado para venderlo. Este fondo documental forma parte del patrimonio documental de todos los españoles y está protegido por leyes estatales y autonómicas.

Inicio de la investigación bajo la tutela de la Fiscalía de Protección Histórica de Murcia

Con el objeto de perseguir la posible comisión de un delito sobre el patrimonio histórico, debido al precario estado de conservación de todos los legajos, carpetas y libros que conforman este archivo, y se pudiera estar causando un daño grave a dichos bienes de valor histórico, se informó a la Fiscalía de Medioambiente y Protección de Patrimonio Histórico de Murcia y a la autoridad judicial con el objeto de obtener una asesoría jurídica sobre la actuación policial.

A través de numerosas pesquisas policiales se constató que todos estos documentos habían sido trasladados desde ese almacén a otro lugar en algún momento a partir del año 2013. 

Tras la comunicación de tales hechos por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Murcia interpuso denuncia en fecha a finales del pasado mes de septiembre por presunto delito contra el patrimonio histórico, la cual fue repartida al Juzgado de Instrucción número ocho de Murcia, solicitándose, ante la urgencia por riesgo de sustracción y deterioro del fondo documental, la medida cautelar de entrada y registro propuesta por la Policía Nacional.

El archivo fue hallado en el centro de Murcia capital

El pasado lunes, la investigación desarrollada por la Policía Nacional permitió la localización del fondo documental buscado. Se hallaba en un bajo situado en el mismo centro de Murcia capital. Junto con miembros del Archivo Regional, dependientes de la Consejería de Turismo y Cultura de la Región de Murcia, y con mandamiento de entrada y registro del Juzgado de Instrucción número ocho de Murcia, la Policía Nacional procedió a la incautación de una enorme cantidad de documentos almacenada en 216 cajas de embalaje y 192 cajones de madera. 

Los investigadores, a través de diferentes pesquisas, tuvieron conocimiento de la existencia de otro local donde pudiera encontrarse otra pequeña parte de este fondo documental. Se trataba de una nave situada en el polígono industrial de Cabezo Cortao (Murcia). El pasado martes se llevó a cabo una nueva entrada y registro donde se incautaron un total de 68 cajas con nuevos documentos y libros. 

Todo lo incautado, un total de 284 cajas de embalaje y 192 cajones de madera, junto con otros efectos, ha sido trasladado al Archivo General de la Región de Murcia a disposición de lo que la autoridad judicial establezca.