Podemos solicita información de los gastos procesales de la Comunidad en las defensas de altos cargos

Óscar Urralburu ha exigido la información de las autorizaciones de estos gastos  para” despejar todas las dudas sobre los supuestos pagos de Hacienda a las defensas de imputados por corrupción”. 
El diputado regional, Óscar Urralburu, ha pedido que, en función de su condición de diputado de la Asamblea Regional, y en lo recogido en el artículo 13 del Reglamento, se le de acceso a toda la información disponible acerca de las autorizaciones de disposición de fondos públicos en relación con la restitución de gastos procesales que ha podido efectuar la Comunidad Autónoma en aplicación la regulación establecida por la Ley 4/2004 de Asistencia Jurídica de la Región de Murcia desde el 01-01-2015.

Urralburu ha explicado que “para despejar todas las dudas” el gobierno regional debe dar explicaciones y ofrecer las pruebas pertinentes acerca de cómo se encuentran esos fondos públicos. Según el diputado de Podemos, el gobierno regional “no se puede amparar en la ley de protección de datos para proteger a los ex altos cargos imputados en causas de corrupción. San Esteban no se puede convertir en el refugio financiero de aquellos que están bajo la lupa de la Justicia por usar el dinero de todos y todas para beneficio propio”. 
Por eso, Óscar Urralburu exige que antes de cualquier proceso de investidura el gobierno regional “de acceso a la información, para despejar cualquier tipo de sospecha. Sobre todo después de las revelaciones de un miembro del Consejo de la Transparencia, la gente de la Región de Murcia tiene derecho a conocer el estado de las autorizaciones de los fondos públicos pendientes hasta la fecha actual y los informes relativos a todas estas cuestiones. Es cuestión ya de higiene democrática”.
Asimismo, Urralburu ha insistido en que no hay “justificación alguna para retrasar esta entrega de información y si la ley requiere plazos más largos para un ciudadano cualquiera, por suerte, el Reglamento de la Cámara habilita en su artículo 13, con plena garantía del deber de reserva de la documentación en virtud del cumplimiento de las normas de protección de datos de carácter personal, el acceso con carácter inmediato y tras autorización de la Mesa de Cámara a cualquier diputado que lo solicite”.