La Comisión Ejecutiva de esta Sección Sindical, manteniendo nuestro principio de que la labor sindical no se centra en ser el “primero” en replicar públicamente, respecto de la APRESURADA convocatoria del Ayuntamiento de Murcia de 644 plazas de conformidad con las bases generales aprobadas en diciembre de 2017 (con la aquiescencia de S.I.M.E., CC.OO, U.G.T., C.S.I.F. y S.PL.R.M-ATABAM), analizamos, sin premuras, esta cuestión y opinamos que:
Es una grave irresponsabilidad convocar una Oferta de Empleo Público (O.E.P.) cuando puede ser anulada, pues las bases generales están judicializadas con varios juicios en curso y pueden ser declaradas nulas.
Además, todas las plazas ofertadas están cubiertas (en más de un caso más de 15 y 20 años). En otras palabras, el titular de prensa esconde el siguiente dislate presupuestario y organizativo: “Para solucionar los problemas de la empresa, despido a 644 por otros 644”. Para seguir igual pero peor y más caro. Respecto de las más que seguras indemnizaciones, no previstas en presupuesto, contesta el Pleno que, de darse, será para los presupuestos de 2019 (“quien venga detrás que arree. El convite lo paga el murcianico”).
La solución no puede ser que improvisación tras improvisación tras modificación tras aclaración... queden en la calle personas en peores condiciones que al inicio de su relación laboral tras haber sido sometidas a una tensión tan perniciosa como insensata (aberración tanto política como sindical de la que no debemos ser partícipes), la plantilla ha de estar, como mínimo, tranquila; algunos cientos de estos más que seguros despidos se ciernen sobre personas mayores de 50 años cuyo derecho a una contratación legal fue reconocido recientemente por el Tribunal Supremo.
Estos procesos de estabilización de empleo público no pueden tener coste económico, por lo que, además de vulnerarse la estabilidad presupuestaria, obliga a los despedidos a tener que gastarse el dinero en abogados y juicios que reconocen el fraude e indemnización que el equipo de gobierno no parece tener en cuenta. Contribuyendo además a saturar aún mas los Tribunales.
Europa y sus tribunales nos han tirado de las orejas por hacer estas cosas muy mal y han mandatado que a los trabajadores públicos contratados en fraude de ley hay que reconocerle sus derechos y tratarles como a cualquier otro trabajador.
El Sr. Guillén tiene claro (así nos lo comunicó a consulta que hicimos en julio) que la O.E.P “se declara caducada si no está ejecutada en el transcurso del plazo establecido en el art. 70 del Estatuto Básico del Empleado Público (E.B.E.P.)”. Plazo improrrogable de 3 años (en el caso que nos ocupa, expira 24 de diciembre de 2018); otro riesgo razonable de nulidad si nos atenemos a numerosas sentencias y dictámenes. ¿Qué juego es éste?.
Tal inseguridad jurídica no garantiza que los procesos selectivos no sean anulados posteriormente, como ya ha sucedido en otros casos.
Desconocemos si todo este proceso cuenta con los preceptivos informes sobre las dudas que genera esta convocatoria. Nuestro derecho a ser informados de esto continúa sin cumplirse.
Todos conocemos el problema social, difícilmente sostenible para el sistema público, de las personas que rondan o superan los 50 años de edad respecto de su reinserción al mundo laboral.
No es solución decir a PERSONAS que han estado ocupando puestos estructurales durante muchos años (con ostensible recorte de derechos) y que han participado en el funcionamiento de la administración que tienen que demostrar de nuevo su valía profesional.
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Máxime si tenemos en cuenta que tanto equipo de gobierno como el resto de sindicatos del ayuntamiento conocen perfectamente que debieran estar impulsándose ofertas realmente vacantes y mucho más urgentes y necesarias que este “ofertón de titular envenenado”. Así:
- Bomberos (la integridad de los murcianicos y sus patrimonios). Para completar el mínimo por turno faltan, al menos, 20 conductor-bombero y 36 bomberos. Más las jubilaciones (mal previstas). Pues bien, quitaron de la plantilla 9 vacantes de conductor-bombero.
- Policía Local (seguridad de los murcianicos y sus patrimonios). Hacen falta muchas más de las convocatorias en curso (también judicializadas). Más las jubilaciones (mal previstas). Pues bien, quitaron de la plantilla 87 vacantes de agentes.
- Las bolsas para apoyo y sustituciones (papeleos y convivencia de los murcianicos y sus patrimonios) van disparadas, lo que significa que es posible y sensato hacer otro tipo de O.E.P.
MIENTRAS TANTO, el equipo de gobierno (con la aquiescencia de S.I.M.E., CC.OO, U.G.T., C.S.I.F. y S.PL.R.M-ATABAM) no muestran ninguna prisa en que se cumpla el Acuerdo-Convenio en lo referente a Concursos Internos de Traslados y de Méritos (lo pactado es que en julio del año pasado ya tenía que ser). Ello perpetúa la política de libre designación hasta del oficinista y la arbitrariedad en los traslados (lo que condiciona mucho la independencia que el funcionario ha de tener del poder político).
MIENTRAS TANTO, no parece importarles un carajo el latente riesgo psicosocial colectivo derivado de la falta de efectivos humanos y la negación del derecho a la carrera profesional.
Ese Comité de Salud, en el que no pueden evitar nuestra presencia, nuestra voz y voto, no es convocado, aun a pesar de haberlo requerido para abordar este riesgo con nombres y apellidos. EN EL TRABAJO, EN LA CALLE, EN LA CASA, EN LA CAMA... Tanto la seguridad e integridad personal como la de nuestros patrimonios están desamparados. Así como la administración de papeles y convivencia de los vecinos.
Y no es por falta de eficacia de los componentes de la plantilla municipal. Aparenta carencia de gestión. Pensamos que es muy aventurado encomendar la modernización de la gestión a alguien que parece pensar que la buena gestión no gana elecciones.
Murcia, 16 de noviembre de 2018
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Fdo.: Armando Plaza Martínez
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